Maduro XV

Miguel Peña G.

@miuepeg

No hay forma sutil de iniciar el artículo de esta semana, así que estimado lector, usted amaneció de golpe; en Dictadura. No es una frase hecha, más bien, es la confirmación literal y directa de que no debemos seguir con la pensadera, los analices fatuos o inventarse justificaciones para no hacer nada. Esta situación en la que entró -y sin retroceso- la sociedad venezolana, gracias a las últimas dos sentencias del “tsj” (en minúsculas), es muy grave.

Es imposible –por más que se quiera- concretar un análisis certero de los escenarios que han generado -nacional e internacionalmente- las sentencias 155 y 156 de la “Sala Constitucional” del “tsj”, pues los acontecimientos políticos y sociales van cambiando, no en horas o minutos, sino cada vez que respiramos. No obstante, hay que tomar como punto de partida, el hecho de que los dos dictámenes destrozan sin remordimientos, uno de los preceptos fundamentales de cualquier democracia del mundo; la separación de poderes.

Desde la llegada de Maduro al poder, el chavismo se ha venido quitando de apoco la careta democrática, algo que el sembrado Hugo Chávez supo disimular muy bien. Sin embargo, al estar el heredero desprovisto de las “cualidades” bufas, el dinero, el control político -más que liderazgo- de sus filas y, sobre todo, la pérdida del apoyo popular, el cacareado gobierno revolucionario, socialista y bolivariano se transformó en una vulgar, ruin y despiadada dictadura.

Si bien, el bufete privado de Miraflores, ha dictado más de medio centenar de sentencias en contra de la AN, es el último fallo (156) el que ha desnudado sin ningún pudor, la férrea dictadura que nos agobia. A ver, miremos a vuelo de pájaro lo que dijo la Sala Constitucional: “Finalmente, se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

En pocas palabras, esto significa que la Sala Constitucional, directamente o a través del órgano que a ella le dé la gana, podrá ejercer cualquiera de las competencias que la Constitución asigna a la Asamblea Nacional.

Simplemente, esto permitiría a dicha Sala ejercer, directa o indirectamente, la función de control que la Constitución le asigna a la Asamblea, así como la función legislativa. Es decir, que la Sala Constitucional, directa o indirectamente, podría dictar Leyes.

El hecho de que el “tsj” se adjudique atribuciones y competencias legislativas, ha despertado los demonios y las miserias de los autogolpes y dictaduras vividos en Latinoamérica. La condena ha sido brutal en todo el mundo. Países del Continente y Europa, ha manifestado su más profundo rechazo y preocupación por la disolución de la AN. En las últimas horas, la desbandada de embajadores regresando a sus países de origen desde Venezuela, ha sido notable. Perú, Colombia, Chile, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Brasil, entro otros, que están a la espera de lo que ocurra el sábado 1 de abril en la reunión extraordinaria de Mercosur y claro, en el Consejo Permanente de la OEA, convocado de manera urgente, por el venezolano putativo en el que se ha convertido su secretario, Luis Almagro.

El ámbito internacional se mueve y duro, pero en honor a la verdad, no será el salvador de la patria. La internacionalista Giovanna De Michele, sostiene que la OEA, puede condenar y aplicar sanciones a través de la Carta Democrática Interamericana, pero no puede obligar a Maduro a que haga elecciones; de ningún tipo. Sin embargo, a pesar de la afirmación correcta de la Internacionalista, cuando las decisiones y soluciones pasan por lo político, cualquier cosa puede pasar.

Si ya el ambiente estaba enrarecido, tenso y confuso, irrumpe de la nada y sin previo aviso, la inefable Fiscal General de la República, con una declaratoria que, seguramente, dejó  a muchos paralizados. Luisa Ortega, en la presentación del Informe anual 2016, indicó que era un deber “histórico e ineludible” referirse a las sentencias Nro. 155 y 156 de la Sala Constitucional. "…Considero un deber histórico e ineludible, no solo en mi condición de Fiscal General de la República, si no como ciudadana de este país, referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, en dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional.  Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento…”

Millones de teorías se han tejido entorno a esta histórica declaración de la FGR. Todas tienen cabida, pues ahora no pondremos en el altar de la justicia a Ortega Díaz. Sin embargo, es necesario hacer un análisis mucho más concienzudo que visceral, ya que el momento lo amerita.

Recordemos que, desde diciembre de 2015, cuando la oposición obtuvo la mayoría en el parlamento, la Fiscal ha venido marcando distancia –de manera timorata- de Miraflores y porque no del PSUV. Hizo la presentación de la memoria y cuenta ante la AN en 2016, sin ningún tipo de asco, por así decirlo, más bien, se pudo ver a Ortega cómoda institucionalmente. Igualmente, a mediados del 2016 soltó perlas como esta: El “tsj” no puede disolver a la AN”. “Los índices de la delincuencia han crecido, gracias a la aplicación de las OLP”.  Todo el mundo acompaña al funeral y llora al muerto, pero no se mete en el hueco. Solo hay que esperar el siguiente paso que debería dar la Fiscal.

El Abogado José Ignacio Hernández G, afirma: “Más allá de su impacto político –que no me corresponde a mi evaluar– hay varios impactos jurídicos. La Fiscalía ejerce, de acuerdo con el numeral 3 del Artículo 285 constitucional, la competencia de “ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles”. La ruptura del orden constitucional, o lo que es igual, el golpe de Estado, compromete la responsabilidad penal de quienes llevaron a esa situación, todo lo cual justifica el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía, pues ella ejerce la acción penal, de conformidad con el numeral 4 del citado Artículo 285”. Veremos que ocurre.

En cuanto a la MUD y la AN, tienen la oportunidad oro. En política es difícil tener segundas chances, pero los venezolanos estamos enmantillados. Es momento de la unidad nacional.  Más allá de las miserias personalistas de los políticos, el país nos reclama una lucha conjunta. Hay que dejar la autoflagelación y entender, que a veces los hechos que suceden son simples y evidencian lo que se ve en ellos, sin nada más oculto. Se debe estar alerta, sí, pero hay que estar claros que en política todo el mundo busca salvarse de las desgracias, nunca nadie tiene la última palabra.

Por lo pronto, ya nadie le cree a Maduro, ni el espejo. La ausencia de casi todo el cuerpo diplomático adscrito en nuestro país, evidencia que la Carta Democrática será aplicada. Tal vez se ejecuten sanciones inéditas, pero verdaderamente no se escaparán de las elecciones; eso ni dudarlo. “El tsj” a través de sus sentencias coronó a Maduro XV y los ciudadanos con su lucha, terminarán colocándole el sobrero de bufón que se merece.